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El Gobierno debe aprobar decretos educativos en precampaña aunque las Cortes estén disueltas
El Ejecutivo ha aprobado normas sobre educación universitaria y FP privada durante la precampaña, antes de las elecciones del 29 de noviembre. Madrid, 23 de octubre de 2026.
Debate de actualidad del 23 de octubre de 2026
Argumentos a favor
- Un Gobierno en funciones sigue teniendo responsabilidades reales, y la educación no puede quedar paralizada durante meses por el calendario electoral; los estudiantes, las universidades y los centros de FP necesitan marcos normativos estables para planificar el curso.
- Las normas educativas suelen llevar años de diálogo previo con comunidades autónomas, sindicatos y sector; aprobarlas en este momento aprovecha un trabajo ya maduro y evita que se pierda por la disolución de las Cortes.
- Retrasar decisiones hasta la formación de un nuevo Gobierno puede dejar sin resolver problemas urgentes, como la calidad o el acceso en la universidad, y perjudicar a quienes los sufren ahora mismo.
- La legitimidad democrática del Ejecutivo no desaparece con la disolución: sigue sometido al control del Parlamento y de los tribunales, que pueden corregir cualquier decreto que se considere ilegal o desproporcionado.
Argumentos en contra
- Con las Cortes disueltas no hay control parlamentario efectivo sobre decisiones de gran calado, y aprobar normas de forma apresurada en plena precampaña puede servir como ventaja electoral en lugar de responder al interés general.
- Las reformas educativas afectan a varias generaciones y deberían nacer de un consenso amplio; hacerlas en precampaña, sin debate público suficiente, aumenta el riesgo de que se conviertan en bandera partidista y se deshagan en cuanto cambie el Gobierno.
- El Ejecutivo en funciones debería limitarse a la gestión ordinaria y a lo urgente; las normas de fondo pertenecen al Parlamento elegido, que es quien tiene la representación plena de la ciudadanía.
- Aprobar decretos educativos en este contexto genera inseguridad jurídica: los centros, las familias y el personal no saben si esas normas tendrán continuidad, lo que puede resultar más perjudicial que la espera.
Para pensarlo
¿Dónde debe trazarse la línea entre gobernar con normalidad hasta las elecciones y aprovechar el poder del Ejecutivo para dejar hechos consumados en un ámbito tan sensible como la educación?