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España debe adoptar la legislación europea que permite suspender el derecho de asilo en casos de inmigración instrumentalizada.
Feijóo ha propuesto asumir el Marco Europeo de Respuesta de Emergencia de la UE, que incluye la suspensión del derecho de asilo cuando la inmigración se use con fines de presión, como parte de su programa electoral para las elecciones generales de noviembre.
Debate de actualidad del 19 de octubre de 2026
Argumentos a favor
- Un Estado necesita herramientas legales claras para responder con rapidez cuando un flujo migratorio se utiliza como instrumento de presión política o militar contra sus fronteras, y la suspensión temporal del asilo sería una de ellas.
- Un marco común europeo evita respuestas improvisadas y descoordinadas entre países, de modo que España no quede aislada frente a una presión que afecta a toda la Unión y que puede desplazarse de una frontera a otra.
- La seguridad nacional y el orden público son obligaciones del Estado, y reconocer una excepción temporal y reglada permite protegerlas sin renunciar al resto de compromisos internacionales ni al Estado de derecho.
- Incorporar la norma europea aporta previsibilidad jurídica: fija condiciones, plazos y controles, de manera que la medida no dependa de decisiones discrecionales del Gobierno de turno.
Argumentos en contra
- El derecho de asilo es un compromiso humanitario fundamental, y suspenderlo, aunque sea temporalmente, puede dejar sin protección a personas que huyen de persecución y que nada tienen que ver con la presión política de un tercer Estado.
- Resulta difícil distinguir en la práctica entre una migración instrumentalizada y una llegada de personas que huyen de guerras o persecución, de modo que la medida podría aplicarse de forma indiscriminada.
- Las instituciones europeas y los tribunales, incluido el Tribunal de Justicia de la UE, han insistido en que las garantías de los solicitantes de asilo deben mantenerse incluso en situaciones de crisis, lo que genera un riesgo jurídico y de reputación para España.
- Existen alternativas menos drásticas, como reforzar la vigilancia de fronteras, acelerar los procedimientos de asilo y mejorar la cooperación diplomática y policial, que permiten responder a la presión sin tocar un derecho reconocido como básico.
Para pensarlo
¿Hasta dónde debe llegar un Estado para protegerse de una presión externa sin renunciar a los derechos de quienes buscan protección?