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Las empresas tecnológicas deberían estar más reguladas en países que salen de conflictos para proteger los derechos humanos.
Un experto de la ONU advierte del riesgo de vigilancia y desinformación por el uso de inteligencia artificial en países en transición tras conflictos o represión, como Gaza.
Debate de actualidad del 17 de octubre de 2026
Argumentos a favor
- Las empresas tecnológicas tienen un poder enorme sobre la información y los datos, y en contextos posconflicto las instituciones suelen ser frágiles, por lo que sin reglas claras es fácil que esa tecnología se use para vigilar a opositores, minorías o periodistas.
- La desinformación y los sistemas automatizados pueden agravar tensiones que acaban de cerrarse con un conflicto; una regulación basada en derechos humanos obligaría a evaluar esos riesgos antes de desplegar los productos, no solo después de que causen daño.
- Las sociedades que salen de una represión o una guerra necesitan confianza para reconstruirse, y la transparencia y la supervisión independiente sobre quién procesa datos y con qué fines ayudan a generar esa confianza.
- Un marco vinculante crea igualdad de condiciones: las empresas que cumplen con estándares de derechos humanos no quedan en desventaja frente a competidores que operan sin límites en los lugares más vulnerables.
Argumentos en contra
- Imponer regulaciones específicas por país o por tipo de contexto puede resultar arbitrario y difícil de aplicar, porque la línea entre un país 'en transición' y otro no siempre está clara ni se mantiene estable en el tiempo.
- Una regulación más estricta puede acabar retirando servicios básicos, como herramientas de comunicación o de acceso a la información, precisamente de las poblaciones que más los necesitan tras un conflicto.
- Los Estados con gobiernos débiles o autoritarios pueden utilizar estas normas como excusa para ampliar su propio control sobre las plataformas, convirtiendo la protección de derechos en un instrumento de censura.
- Las leyes generales de protección de derechos humanos y de protección de datos ya son aplicables a las empresas tecnológicas en cualquier lugar; crear regímenes adicionales puede generar duplicidades y complejidad sin aportar garantías reales.
Para pensarlo
¿Es más eficaz exigir reglas especiales para contextos de posconflicto o reforzar las normas generales de derechos humanos que se aplican en todas partes?