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El Gobierno debe garantizar que todos los nacionalizados por la ley de nietos puedan votar en las elecciones generales.
El Ministerio de Exteriores reconoce que es imposible cumplir al 100% la orden del Supremo de suspender el voto de 163.000 nacionalizados por la ley de nietos antes de las elecciones del 29 de noviembre. El Defensor del Pueblo ha recurrido ante el Constitucional.
Debate de actualidad del 19 de octubre de 2026
Argumentos a favor
- El voto es un derecho fundamental de la ciudadanía, y quien cumple los requisitos legales para ser español debería poder ejercerlo en igualdad de condiciones que el resto de electores, sin que la tramitación administrativa lo deje en suspenso.
- La nacionalidad concedida por la ley de nietos se basa en un vínculo familiar reconocido por el Estado; si el Estado la otorga, resulta difícil justificar que luego se limite el ejercicio de derechos políticos que van asociados a ella.
- Suspender el voto de un colectivo entero por razones de gestión genera una desigualdad de trato difícil de justificar: los errores administrativos no deberían recaer sobre los propios ciudadanos afectados.
- Garantizar el voto a todos los nacionalizados refuerza la seguridad jurídica y la confianza en el sistema electoral, porque evita que el proceso electoral quede expuesto a recursos y a incertidumbre sobre quién puede votar.
Argumentos en contra
- Las leyes y las resoluciones judiciales deben cumplirse con rigor; si un tribunal ordena suspender ciertos trámites o registros, el Gobierno no puede garantizar lo contrario sin desconocer el papel de los jueces.
- Garantizar el voto a todos sin excepción puede implicar aceptar censos o inscripciones insuficientemente verificados, lo que debilita la fiabilidad del proceso y la confianza de la ciudadanía en los resultados.
- La organización de unas elecciones exige plazos y procedimientos que a veces no pueden adaptarse a situaciones sobrevenidas; prometer una garantía total ignora las limitaciones reales de la Administración.
- El derecho de sufragio está regulado con criterios técnicos y de prueba de requisitos; ampliarlo de forma automática a un colectivo concreto, sin que se cumplan todas las comprobaciones, podría generar agravios hacia quienes sí siguieron el procedimiento completo.
Para pensarlo
¿Cómo deben equilibrarse el derecho individual a votar y la necesidad de que el proceso electoral cumpla todas las garantías legales y administrativas?