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Google Maps debería ser sancionado si representa a Ceuta y Melilla como territorios en disputa.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo investiga si Google Maps vulnera el Reglamento de Servicios Digitales al mostrar Ceuta y Melilla con fronteras discontinuas, como si estuvieran en litigio con Marruecos.
Debate de actualidad del 21 de octubre de 2026
Argumentos a favor
- Un mapa que se usa a diario para orientarse y elegir rutas tiene una responsabilidad especial: si presenta como litigiosa una situación que el derecho reconoce como soberanía de un Estado, induce a error a millones de usuarios.
- La seguridad jurídica y la coherencia con los marcos legales de la UE justifican que las plataformas digitales respeten la forma en que los Estados miembros definen su propio territorio, y que la sanción sea el mecanismo para exigirlo.
- Si las grandes plataformas pueden alterar la representación de territorios sin consecuencias, se abre la puerta a que cada una adopte criterios propios sobre fronteras, lo que erosiona la confianza pública en la información geográfica.
- Un régimen de sanciones bajo el Reglamento de Servicios Digitales actúa como disuasión y deja claro que las normas europeas se aplican también a los servicios de empresas extranjeras que operan en el mercado europeo.
Argumentos en contra
- Imponer sanciones a una empresa por la forma en que representa un territorio puede considerarse una restricción desproporcionada a la libertad de expresión y de información, incluso cuando se trata de cartografía.
- Las fronteras en disputa son un asunto diplomático complejo; resolverlo mediante multas a una empresa tecnológica corre el riesgo de trasladar a los tribunales o a los reguladores una decisión que corresponde a los Estados y a la diplomacia.
- Los mapas digitales reflejan muchas veces distintas posiciones jurídicas y prácticas de uso; una opción más proporcionada sería exigir transparencia, aclaraciones visibles o procedimientos de corrección antes que castigar.
- Las sanciones pueden generar un efecto de precaución excesiva en las plataformas, que tendrían incentivos para retirar o simplificar contenidos geográficos por miedo a multas, empobreciendo la información disponible para los usuarios.
Para pensarlo
¿Debe una plataforma digital responder económicamente por la forma en que representa territorios litigiosos, o esa función debe quedar en manos de los Estados y de mecanismos de corrección menos punitivos?