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Las empresas públicas deberían elegir a sus gestores por mérito, no por afinidad política, y vender las que no sean estratégicas.
El PP promete revisar todas las participaciones estatales en grandes cotizadas como Telefónica o Aena y cambiar a consejeros nombrados por criterios políticos. La propuesta se presentó el 10 de noviembre de 2026.
Debate de actualidad del 16 de noviembre de 2026
Argumentos a favor
- Una empresa pública que se gestiona con criterios técnicos y transparentes tiene más probabilidades de competir bien y de rendir cuentas ante los ciudadanos que la financian, mientras que los nombramientos por afinidad debilitan esa responsabilidad.
- Cuando los consejos de administración se nutren de lealtades partidistas, aumenta el riesgo de decisiones que responden a intereses electorales a corto plazo y no a la salud a largo plazo de la compañía.
- Elegir a los gestores por mérito permite atraer a profesionales cualificados y reduce la sensación de que los puestos clave son botines que cambian de manos con cada gobierno, lo que resta estabilidad y confianza.
- Mantener en manos del Estado participaciones en empresas que no cumplen una función estratégica puede suponer un coste de oportunidad; desprenderse de ellas liberaría recursos y permitiría concentrar la acción pública en lo esencial.
Argumentos en contra
- Los gobiernos tienen legitimidad democrática para fijar objetivos de política económica, y es razonable que quienes dirigen las empresas públicas compartan esa orientación; el mérito técnico no siempre basta para entender las prioridades de interés general.
- Vender empresas públicas puede dejar sectores clave, como las telecomunicaciones o el transporte aéreo, en manos privadas con menos compromiso con el servicio universal y con la seguridad nacional, y es difícil revertir esa decisión una vez tomada.
- El criterio de mérito también se puede manipular: la definición de qué cuenta como mérito la hacen personas concretas, y los procesos de selección pueden ser tan opacos o tan influibles como los nombramientos políticos tradicionales.
- Las participaciones estatales sirven como instrumento de estabilidad, de inversión a largo plazo y de respuesta en crisis; vender activos en momentos de presión puede significar hacerlo a un precio bajo y perder capacidad de acción futura.
Para pensarlo
¿Qué mecanismos concretos garantizarían que la selección de gestores sea independiente y transparente sin renunciar a que el Estado mantenga control sobre los sectores que considera estratégicos?
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