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Las vías pecuarias recuperadas deben volver al dominio público aunque los agricultores las hayan usado durante años.
El Tribunal Supremo ha obligado a la Junta de Andalucía a recuperar tres caminos públicos en Rota (Cádiz) usurpados por agricultores, sentando un precedente para miles de vías pecuarias en todo el país.
Debate de actualidad del 4 de noviembre de 2026
Argumentos a favor
- Las vías pecuarias son bienes de dominio público que sirven al interés general, como el tránsito de ganado, la trashumancia y el acceso a montes y ríos, y una ocupación privada prolongada no debería convertirlas en propiedad de facto de quien las ocupa.
- Permitir que el paso del tiempo legitime una ocupación ilegal premia al que incumple la ley frente al que la respeta, y genera un incentivo perverso para usurpar bienes comunes con la esperanza de que nadie reclame.
- Recuperar el uso público de estas vías protege su función ecológica y cultural como corredores de biodiversidad y patrimonio histórico, algo que una explotación agrícola privada no tiene por qué garantizar.
- Un criterio general y uniforme de restitución da seguridad jurídica y trato igual a todos los ciudadanos, evitando que la solución dependa de casos concretos o de quién tenga más medios para defender su ocupación.
Argumentos en contra
- La seguridad jurídica también protege a quien lleva años cultivando y cuidando una tierra de buena fe, y devolverla de golpe al dominio público puede generar una injusticia grave sobre familias que confiaron en la situación existente.
- El paso del tiempo tiene un valor en el derecho: la posesión prolongada y pacífica da lugar a instituciones como la prescripción, y desconocerla de forma absoluta puede ser contrario a los principios que regulan la estabilidad de las relaciones patrimoniales.
- Algunas vías pecuarias hoy están integradas en fincas, caminos alternativos y usos que la sociedad ha asumido durante décadas, y una restitución rígida podría ser menos útil para el interés general que una solución negociada que combine uso público y adaptación.
- Exigir la recuperación íntegra sin matices puede costar mucho más de lo que aporta, con gastos administrativos, litigios y conflictos vecinales, por lo que la proporcionalidad y la compensación pueden ser alternativas más razonables que la devolución automática.
Para pensarlo
¿Debe el interés público en recuperar un bien prevalecer siempre sobre la confianza y el trabajo de quienes lo han ocupado durante años de buena fe, o existe un punto en el que el tiempo transcurrido debería pesar?